Iniciativa de Clase
El gobierno del PP
da nuevas vueltas de tuerca sobre el dolor, la miseria y la pobreza que está
provocando a la clase trabajadora, y seguirá dándolas hasta que se pase de
rosca y acabemos derribándole, hartos de su cruel tiranía antisocial en
beneficio del capital.
No contento con las
innumerables medidas de “austeridad” que sólo aplica sobre una clase, la
trabajadora, y con la rapiña practicada contra nuestras conquistas sociales con
el fin de entregárselas como negocio a su clase, la gran burguesía capitalista,
el PP ha dado ahora nuevos pasos en una orgía desenfrenada de recortes y planes
de derribo de lo poco público que aún queda en pie.
Después de que el
anterior gobierno Zapatero elevase la edad de jubilación ordinaria hasta los 67
años, aunque con un período de transición que culminaría en 2027, cuando se
haría plenamente efectivo el nuevo tope de edad, el actual gobierno Rajoy se
propone ocuparse ahora de los flecos pendientes. De este modo, ahora se propone
pasar de los 61 a los 63 años para las jubilaciones en caso despidos y de los 63 a los 65 años para las que se
producen voluntariamente. ¿Sus argumentos? Los manidos de siempre: “la
prolongación de la vida laboral es necesaria para garantizar el sistema de
pensiones”. Es decir que, según la lógica del gobierno del PP, en un país con 6 millones de trabajadores en
paro, retrasar la entrada al mercado de trabajo, frenando el reemplazamiento
generacional de trabajadores mayores, que se han merecido sobradamente el
descanso, aunque con unas jubilaciones crecientemente recortadas, supone
garantizar el sistema de pensiones. Justo lo contrario de lo que la simple
sensatez indica. El objetivo de estos bomberos pirómanos que nos gobiernan es
ir provocando el hundimiento del sistema público de pensiones para luego
decirnos que ya no se pueden sostener y que nos queda la caridad pública o las
pensiones privadas para subsistir en la vejez. Es el mismo criterio que aplican
en Madrid o en Catalunya, con CiU, para acabar con la sanidad pública: sabotear
su viabilidad arruinándola.
La Asamblea Regional (parlamento regional) de la Comunidad
Autónoma de Madrid ha aprobado los presupuestos más austeros en la historia de
esta autonomía. Entre ellos destaca el pretendido ahorro de 200 millones, sobre
el recorte ya previsto de 533 millones, en la Sanidad Pública Madrileña
mediante la privatización de 6 hospitales y 28 centros de salud, cuando es
sabido que ésta resulta más cara por paciente. Mientras tanto, un consorcio
multinacional sanitario privado llamado Capio (del que son accionistas, entre
otros, Rodrigo Rato, el marido de Cospedal o la hermana del Consejero de
Sanidad de Castilla-La Mancha) entra a saco en el sistema regional de salud
madrileño y de la Comunidad Valenciana para engordar su cifra de negocios. El
lema tan querido por la derecha de “el que quiera salud que se la pague” se
está haciendo verdad. Ya son muchos los españoles que ven afectada su salud por
los procesos de privatización emprendidos en la sanidad.
En la reunión del Consejo Interterritorial de Sanidad entre
el ministerio del ramo y las Consejerías Autonómicas correspondientes ya se han
impuesto nuevos recortes como el pago de las ambulancias por los pacientes, el
recorte al cribado neonatal, necesario para detectar enfermedades
endocrino-metabólicas en los recién nacidos o el copago de los aparatos
ortoprotésicos. Resulta obvio que se pretende penalizar a los enfermos mientras
se desmantela el sistema sanitario. Los pacientes de enfermedades raras, por su
parte, han visto retirada de la financiación de la Cartera de Servicios del
Sistema Nacional de Salud buena parte de los pocos fármacos de los que
actualmente disponen.
Las previsiones de ajustes del gobierno, siempre fiel
servidor de los dictados de La Troika, que a su vez actúa de consejera delegada
de los grandes capitalistas europeos y mundiales, son de 39.000 millones de €
para 2013 y, en un alarde de fiereza recortadora, de 50.000 millones para 2014,
lo que junto a los ya efectuados en 2012, superará los 102.000 millones de €.
Para que los que conocimos la peseta nos hagamos idea, casi 17 billones de
pesetas. Y esto sólo por lo que se refiere al Gobierno central. Si en 2012
el gobierno del PP efectuó ajustes por unos 13.000 millones de €, además de los
brutalmente llevados a cabo por las Comunidades Autónomas, de las que depende
buena parte de la cobertura social de la población española, y ello ha supuesto
una agudización de la crisis capitalista y gran sacrificio y empobrecimiento de
los trabajadores, ¿qué grado de devastadora miseria nos cabe esperar si no
derribamos a este gobierno y a su amo, el capital, cuando en sólo dos años se
nos apliquen recortes por un total de 89.000 millones de € más?
Nuestra
respuesta de clase debe crecer en unidad y en elevación de las luchas:
Tras la huelga
general del 14 de Noviembre, las luchas de los trabajadores se han
incrementado. La sanidad pública madrileña ha dado un ejemplo de combatividad,
no sólo al resto de los sistemas autonómicos de salud del país, sino al
conjunto de la clase trabajadora española.
Por su parte la
enseñanza en todos sus ciclos ha continuado sus movilizaciones, está vez
acompañada de otros sectores como los de la recogida de basuras, del sector de
limpieza, del metro y la EMT de Madrid, de los investigadores, los trabajadores
de Telemadrid, los de la banca o los de Paradores de Turismo.
Como antes los
mineros y en los años 80 del pasado siglo los trabajadores del metal y de la
naval, entre otros, los sectores que hoy se levantan frente a los brutales
ataques contra nuestra clase son aquellos que se resisten a ser aplastados y a
perder las pocas conquistas sociales que tanto nos costó lograr a través de
lucha obrera y sindical.
Ello supone una
elevación del nivel de conflicto frente a las políticas antisociales de este
gobierno y, aunque de modo aún difuso y débil en la conciencia de clase,
también de orientación de las luchas con un perfil crecientemente
anticapitalista.
Sin embargo no
debemos olvidar que la mayor parte de las huelgas y resistencias de los
trabajadores se están produciendo en el agonizante sector público o parapúblico
(subcontratas de la administración).
Ello sucede porque
la presión del empresariado sobre los trabajadores del sector privado se ha ido
haciendo tan intenso mediante chantajes, amenazas, despidos,...-dentro de un
régimen de atroz despido libre y ya casi gratuito- que cualquier atisbo de
protesta se hace especialmente difícil en las circunstancias actuales.
Pero en INICIATIVA
DE CLASE creemos que existen condiciones para elevar el nivel de
enfrentamiento general del conjunto de los trabajadores contra este gobierno y
su amo, el capital.
No parece que el
camino para conseguir este objetivo sea el elegido por los sindicatos en Iberia
como tampoco el pacto alcanzado en Paradores de Turismo sobre el alcance de los despidos en la red hostelera. La desconvocatoria hace semanas de la huelga prevista por los sindicatos representantes de los trabajadores de tierra y TCP de la compañía,
sustentado en la posibilidad de abrir un diálogo con la empresa y en el deseo
de no dañar a los clientes de la compañía muestra dos males sindicales
actualmente todavía muy vigentes: el apego, desde hace tiempo injustificado, a
un sindicalismo de concertación que el capital ha dado por muerto y un
ciudadanismo sindical que proviene de la vieja trampa introducida en el
interior del movimiento obrero del supuesto antagonismo entre intereses de
trabajadores y de ciudadanos, a pesar de que la gran mayoría de los segundos
sean también parte de los primeros. Por el camino actual apenas se logrará en
el mejor de los casos compartir sindicalmente la gestión de los daños
inflingidos a los trabajadores, ya que si no se experimenta la lucha frontal no
será posible saber en qué medida la estrategia de minorizar los daños de las
regulaciones y expedientes de empleo y de los descensos de los salarios es más
eficaz que el combate decidido contra las agresiones del capital. Sin presión
máxima de los trabajadores, allí y cuando se puede ejercer, no hay nada que
arrancar al capital porque éste sólo respeta el lenguaje que conoce y él mismo
impone, el de la fuerza.
Es necesario
superar ya esos viejos vicios de un sindicalismo reformista y sin futuro y
apostar por un tipo de protestas y movilizaciones que eleven la capacidad de
presión de la clase trabajadora y sean capaces de retirar tanto los continuados
EREs de las empresas, muchos de ellos, sin siquiera justificación de problemas
de viabilidad de las mismas, como las medidas de salvaje austeridad impuestas
por el gobierno del capital, el del PP.
En los servicios
públicos y en el conjunto de las tres administraciones del Estado (central,
autonómica y local) hay que ir ya hacia la convergencia de las movilizaciones,
convergencia que no debe buscar sólo la multiplicación de la fuerza en las luchas sino que requiere ser también programática, planteando una propuesta común y global de objetivos frente a las agresiones que colectivamente, pero desde instancias diferentes de las administraciones, se están lanzando frente a los empleados públicos con el fin de mantenerlos divididos en sus luchas.
Mientras tanto, el
Estado, en sus diversas administraciones (central, autonómica y local) continúa
privatizando servicios a través de la externalización de los mismos hacia
empresas privadas.
A su vez, la muerte
de los convenios colectivos de rama, una manifestación más del fin del
sindicalismo de concertación, ha supuesto una dificultad más para que en el
sector privado las empresas más fuertes apoyen con su lucha a las más débiles y
ha conllevado una lucha profundamente desigual del trabajo frente al capital en
defensa de los derechos del primero.
Frente a ello deben
buscarse alternativas que posibiliten salir de la atomización en las reivindicaciones
parciales y de empresa privada y ganar terreno en una unidad de clase más
amplia por áreas productivas y de forma general como clase trabajadora.
Las luchas de
trabajadores del sector público y privado necesitan converger porque los
derechos al trabajo y a un salario digno carecen de futuro sin la defensa del
salario indirecto que representan los derechos a unas pensiones decentes y a
una sanidad y educación públicas y gratuitas, entre otros. La lucha de los
empleados públicos debe pasar a ser una lucha de toda la clase trabajadora en
su conjunto, aunque para ello deban buscarse fórmulas imaginativas y ventajosas
para que los empleados del sector privado puedan apoyar a los del público.
En lo sindical es
evidente que se necesita una reflexión colectiva, más allá de las siglas, capaz
de aunar esfuerzos, sin sectarismos ni dogmatismos, en la búsqueda de ideas
para los nuevos desafíos que el proyecto liberal de conducir a la clase
trabajadora al siglo XIX le plantea a ésta.
Es el momento de
que el conjunto del movimiento obrero organizado se plantee el compromiso
colectivo de avanzar de forma urgente hacia una Conferencia Sindical que
replantee las estrategias a seguir por la clase trabajadora y sus
organizaciones con el objetivo de pasar de una posición defensiva a otra de
iniciativa en la defensa de nuestros intereses como clase.
Sin ánimo de sentar
cátedra, en INICIATIVA DE CLASE creemos que, como mínimo, sería
pertinente que esta Conferencia Sindical se plantease cuestiones como nuevas vías
hacia el sindicalismo tras la crisis del modelo de concertación (evitando
apriorismos y respuestas fáciles), aprendizajes de luchas que han demostrado
capacidad de resistencia en el tiempo (sanidad, trabajadores de UPS) o de
imponer el éxito, siquiera parcial, de las luchas (empleados del Hospital La
Princesa), escollos a vencer para incrementar la unidad de acción sindical
dentro de un escenario organizativamente plural, estrategias para hacer frente
a las tácticas del capital y sus gobiernos de creación de intereses divergentes
entre los trabajadores, aprendizajes de luchas del movimiento sindical en otros
países que afrontan la crisis capitalista, elevación del conflicto de clase más
allá de los marcos nacionales y establecimiento de alianzas internacionales del
movimiento sindical,...
Los desafíos
venideros en los próximos años para la clase trabajadora son gigantescos. La
necesidad de su inteligencia, unidad de acción y combatividad también lo
son.
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