Estos recortes nos afectan a toda la clase trabajadora, sin excepción, pero dejarán en una situación realmente insostenible a las personas que hoy están con contrato basura, precarios, con jornada parcial, a los sectores feminizados. En estas situaciones se encuentra la mayoría de personas inmigrantes, han señalado representantes de las asociaciones.
Las recientes medidas antisociales aprobadas por los gobiernos español, vasco y navarro, con la excusa de la crisis, han permitido recortar derechos laborales, salariales, reformar el mercado de trabajo y reducir el gasto público y social, todo en beneficio de un pequeño grupo económico y en contra de la mayoría de la sociedad.
Entre los colectivos más afectados estamos las personas inmigrantes, a quienes se nos suma el recorte de derechos derivados de leyes como la de Extranjería o la de Asilo y Refugio, que nos impone el Estado español y que suponen una mayor exposición a situaciones de abuso y chantaje. Además, sufrimos decisiones institucionales que agravan nuestra indefensión, cierre de servicios y recorte en las subvenciones.
Y ahora el gobierno español obediente de las políticas exigidas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial –que tan bien conocemos las y los trabajadores extranjeros– va a reformar el sistema público de pensiones:
- Aumento de la edad de jubilación a los 67 años
- Aumento del número de años que hay que tener cotizados para tener derecho a una pensión. Esto restringe el derecho a una pensión a miles de personas, y en el caso de las trabajadoras/es extranjeras el aumento hará imposible que accedamos a una jubilación que por derecho nos corresponde.
- Aumento de los años a tener en cuenta para calcular la base reguladora, actualmente 15. Pueden pasar de 20 ó 25 o incluso más. Esto podría reducir la pensión media hasta en un 20%.
- Reducir la cuantía de la pensión según cuántos años hayamos cotizado. Se plantea que para llegar a 100% haya que cotizar más años, hasta 38 ó 40.
- Eliminar la obligación de que las pensiones mantengan el poder adquisitivo.
Estos recortes nos afectan a toda la clase trabajadora, sin excepción, pero dejarán en una situación realmente insostenible a las personas que hoy están con contrato basura, precarios, con jornada parcial, a los sectores feminizados. En estas situaciones se encuentra la mayoría de personas inmigrantes.
La reforma de las pensiones y su supuesta inviabilidad, no es más que un intento por acabar con el sistema público, para privatizarlo y poder especular, como ha ocurrido en muchos de los países de origen de las trabajadoras y trabajadores inmigrantes.
Es momento de responder a tanto ataque. Tenemos que salir a la calle, tenemos que denunciar tanta injusticia social. Las personas inmigrantes no somos mercancías de coger y tirar, somos seres humanos con derecho a que se nos trate con dignidad.
Este 27 de enero vamos a unirnos a la huelga, vamos a movilizarnos junto a la mayoría sindical para luchar por un cambio, por un modelo económico y social justo, en igualdad y equidad para todas las personas, con independencia de su lugar de origen.
Las organizaciones de inmigrantes firmantes de este texto nos sumamos y llamamos enérgicamente a la huelga general en contra de la reforma de las pensiones:
1. BACHUE. Colectivo de Refugiados-as Colombianos-as. Gasteiz
2. SANGAMAR. Asociación de Senegaleses de Ondarroa.
3. Asociación Cultural Amigos de Ghana de Durango
4. AZRAF. Asociación de Marroquíes de Bilbao
5. PANGEA. Grupo intercultural de Otxarkoaga y Txurdinaga
6. FASODEN. Asociación de Malienses residentes en el País Vasco.
7. IDEASUR. Integración, Desarrollo y Educación al Sur. Gernika-Lumo
8. Asociación ARGONI VASCO
9. MALEN ETXEA. Asociación de Urola-Kosta
10. JAPPOO. Asociación de Senegaleses de Durango
11. Revista Encuentros
12. Ozen Komunika
13. Asociación Cultural Ghana Unión de Alava
14. Mushu Pakari. Asociación de Ecuatorianos de Beasain
15. Anitza Ekimena
16. ASUMDWE NE NKABOM. Asociación de emigrantes de Ghana en el País Vasco
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